Nuevo capítulo por deudas CAE en la Justicia: así vamos
Por Aurora Sepúlveda, CEO de Más Contabilidad y Escuela de Negocios y Consultores
La pelea judicial entre deudores del CAE y la Tesorería General de la República (TGR) sumó un nuevo capítulo. Y esta vez, la balanza se inclinó con fuerza hacia la Tesorería. A través de un comunicado, este organismo informó cómo se han desarrollado las respuestas de la justicia de recursos en su contra.
¿Qué estaba pasando?
Durante los últimos meses, miles de personas presentaron recursos de protección intentando detener embargos, retenciones u otras acciones de cobro vinculadas al CAE, en una estrategia reforzada por el actual Gobierno.
Pero según informó la propia Tesorería, de los 1.968 recursos ingresados contra el organismo, 1.453 fueron declarados inadmisibles. Es decir, los tribunales decidieron que esos casos ni siquiera cumplían las condiciones para seguir avanzando por esa vía judicial. Y la Corte Suprema ha reafirmado esa postura, rechazando 250 trámites hasta ahora.
¿Qué significa esto para quienes tienen deuda CAE?
Importante: esto no significa que las personas “pierdan automáticamente” cualquier posibilidad de defenderse. Lo que están diciendo los tribunales es que el recurso de protección no sería el mecanismo correcto para discutir este tipo de cobranzas. Según distintos fallos judiciales conocidos en las últimas horas, las controversias relacionadas con el cobro del CAE tendrían que resolverse por otras vías legales contempladas en la Ley 20.027. En otras palabras: la Corte Suprema no está entrando al fondo de la deuda, sino que está cerrando la puerta a este camino específico que estaban usando muchos deudores.
Pero ojo: no todos los casos quedaron fuera
Aunque la mayoría de los recursos fueron rechazados, algunos sí lograron avanzar. Según cifras oficiales, 236 acciones fueron admitidas a trámite en distintas ciudades del país.
En paralelo, en el proyecto de megarreforma presentado por el Gobierno al Congreso, también hay un ítem respecto de. La propuesta permitiría que personas con garantía estatal ya ejecutada puedan firmar convenios especiales de pago con Tesorería, incluyendo:
Pago en hasta 48 cuotas.
Congelamiento de la deuda en pesos.
Sin nuevos reajustes ni intereses durante el convenio.
Y además, contempla una posible rebaja del saldo final de la deuda según el comportamiento de pago:
Hasta 100% del saldo remanente para quienes cumplan todas las cuotas.
Hasta 90% para incumplimientos menores.
Hasta 70% en otros casos.
Eso sí, por ahora todo esto sigue siendo una propuesta en discusión en el Congreso y todavía no entra en vigencia.
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